Transparencia en el uso de la IA en la Administración
La creación de este registro responde a una iniciativa aprobada por el Parlamento Vasco en junio de 2023, cuando se instó al Ejecutivo a desarrollar un mecanismo que garantizara la transparencia en el uso de algoritmos y sistemas de IA en la gestión pública. Esta propuesta quedó plasmada en la Estrategia de Gobernanza de los Datos del Sector Público de Euskadi, adoptada en diciembre de ese mismo año, que contempla la implementación de un registro accesible y detallado sobre estas tecnologías.
Para coordinar este proceso, en mayo de 2024 se creó la Oficina del Dato, organismo encargado de identificar, caracterizar y documentar los algoritmos empleados en los diferentes departamentos del Gobierno Vasco. Según la información remitida recientemente al Parlamento por la consejera de Administración Digital, en la actualidad la Oficina está ultimando los detalles del catálogo, cuya publicación está prevista en breve.
¿Qué algoritmos se han identificado?
Hasta la fecha, el Gobierno Vasco ha identificado nueve algoritmos en funcionamiento, aunque todavía no se han dado a conocer sus características ni en qué áreas se están utilizando. No obstante, en la Estrategia del Dato ya se habían adelantado algunos ejemplos concretos de sistemas basados en IA empleados por la Administración, entre ellos:
- Herramientas para la traducción, síntesis y transcripción del euskera.
- Modelos de predicción de emergencias climáticas.
- Algoritmos para la gestión de solicitudes de vivienda protegida.
- Sistemas que calculan índices de empleabilidad para mejorar las estrategias de formación y empleo.
Euskadi, referente en la transparencia algorítmica
Este Registro Público de Algoritmos de Euskadi se convierte en una iniciativa pionera en España, reforzando el compromiso del Gobierno Vasco con una gestión pública transparente y basada en datos. Recientemente, otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, han anunciado proyectos similares, aunque aún no se han materializado.
Con la creciente adopción de la Inteligencia Artificial en el ámbito público, disponer de un registro accesible y actualizado de los algoritmos empleados supone un paso clave para garantizar el uso ético y responsable de estas tecnologías en la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía.
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